La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este viernes 31 de julio, dos proyectos vinculados a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Uno referido a la suspensión transitoria de los procesos de concursos y quiebras; y el otro permite regularizar deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social vencidas hasta el 30 de junio de 2020.

El debate comenzó a las 15.45 y estuvo conducido por el presidente del cuerpo legislativo, Sergio Massa y contó con la participación de 255 diputados, que sesionaron bajo una modalidad mixta (algunos en forma presencial y otros en forma remota).

Cabe señalar que en esta oportunidad, los legisladores por San Juan, Walberto Allende y Francisco Guevara participaron en forma remota desde la sala de vicegobernadores de la Cámara de Diputados de San Juan. En la ocasión, el vicegobernador Roberto Gattoni se acercó a saludar a los legisladores nacionales, quienes le expresaron su agradecimiento por poner a disposición de ellos todo el equipamiento tecnológico y personal especializado de las distintas áreas para un desarrollo óptimo de la sesión remota.

Concursos y quiebras

Tras la entonación del Himno Nacional Argentino y la manifestación de cuestiones de privilegio, comenzó el debate en la Cámara Baja de los asuntos establecidos en el orden del día.

En primer lugar, los diputados abordaron sobre tablas y aprobaron con 250 votos positivos, 0 negativos y 2 abstenciones, un proyecto que suspende temporalmente los procesos de concursos y quiebras, en el marco de la emergencia social y sanitaria por la pandemia del COVID-19.

Esta iniciativa declara hasta el 31 de marzo de 2021 “la emergencia de los sujetos comprendidos en los procesos de concursos preventivos y acuerdos preventivos extrajudiciales que se encuentren en trámite, así como también de los sujetos comprendidos en los concursos preventivos que se peticionen y en los trámites de quiebra que se inicien” desde la vigencia de la ley hasta el fin de la emergencia.

Además establece que “en cada proceso, el juez del concurso deberá fijar fundadamente un nuevo cronograma para dicho período contemplando la suspensión dispuesta y fijando la fecha de los actos pendientes a partir de la misma”.

En el caso de los juicios que se inicien a partir de la vigencia de la ley, el plazo previsto en el artículo 43 de la Ley Nº 24.522 de Concursos y Quiebras será de 180 días, pudiendo el juez a pedido del deudor, en las condiciones establecidas por dicha norma, extenderlo por única vez en 60 días adicionales.

También la norma determina la suspensión de “la totalidad de las subastas judiciales y extrajudiciales, incluidas las hipotecarias y prendarias de cualquier origen que éstas sean”, y por otra parte se prohíben “nuevos embargos sobre cuentas bancarias, excepto para el caso de los procedimientos de comprobación y pronto pago de créditos laborales, y créditos de origen alimentarios”.

Ley de Moratoria

Más tarde, el cuerpo legislativo aprobó con 137 votos afirmativos, 3 negativos y 113 abstenciones, el proyecto de ley de moratoria impositiva, previsional y aduanera en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. La propuesta amplía el universo de contribuyentes alcanzados originalmente en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Los planes de pago serán de hasta 120 cuotas y será posible adherirse hasta el 31 de octubre de 2020.

Cabe destacar que el régimen abarca todas las personas humanas y jurídicas (pymes, monotributistas, trabajadores autónomos, cooperativas, clubes de barrio y también grandes empresas). La deuda total a regularizar es de 534.000 millones de pesos.

Dependiendo del tamaño de las empresas e individuos que se adhieran, podrán regularizar sus deudas en hasta 96 o 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras. Los plazos serán de hasta 48 o 60 cuotas para las obligaciones correspondientes a los recursos de la seguridad social.

Asimismo, la iniciativa establece una tasa de interés fija del 2% mensual hasta enero de 2021 y, a partir de ese momento, una tasa variable en pesos. Además, permite utilizar todas las devoluciones aprobadas y pendientes de pago que el contribuyente tenga a favor en AFIP para compensar la deuda (sólo pueden utilizarse aquellos saldos existentes antes de la aprobación de la ley y no puedan utilizarse saldos técnicos para compensar).

En cuanto a las grandes empresas, durante 24 meses no podrán distribuir dividendos, realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado cambiario para realizar pagos a entidades vinculadas.

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, destacó que “esta moratoria ampliada con menor tasa interés está pensada para que las empresas que están volviendo a la actividad puedan sobrevivir, y las que todavía no retomaron su actividad tengan un horizonte mucho más claro en lo fiscal”.

Asimismo, recordó la asistencia brindada por parte del gobierno nacional en el marco de la emergencia sanitaria y mencionó los “9 millones de beneficiarios” del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y los “2.800.000 trabajadores y 310.000 empresas” que accedieron al Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), además de los “440.000 créditos a tasa cero otorgados a monotributistas y autónomos”.

Por otro lado, el legislador Heller informó los cambios en relación al dictamen de comisión y señaló la modificación del artículo 2 para incluir las obligaciones vencidas al 31 de julio, dado que el dictamen establecía como límite el 30 de junio, pero no se pudo ampliar antes porque se corría el riesgo de que los contribuyentes dejaran de pagar.

También habilitaron dos actividades que originalmente estaban excluidas del régimen: las reguladas por el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros de la Nación, y el servicio de telefonía fija, telefonía móvil y telecomunicación vía Internet.

Además, a propuesta de la diputada Fernanda Vallejos (Frente de Todos) incluyeron a organizaciones comunitarias inscriptas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal sin fines de lucro.

Habló el diputado Walberto Allende

En el tratamiento del proyecto de la moratoria, el diputado nacional por San Juan, Walberto Allende, expresó que "la recepción que hemos tenido por el presidente de la Cámara y el presidente de la Comisión de Presupuesto nos permite, en este momento difícil que vive la Argentina y particularmente la provincia de San Juan, poder llevar este alivio a toda la parte económica del país.

“Nuestros órganos administrativos en esferas municipales, provinciales y nacionales se han pronunciado sobre distintos aspectos del funcionamiento de estos programas parafiscales poniendo el acento en el desarrollo. Más de 10 mil hectáreas que podrían ir a la producción, están hoy abandonadas y  podríamos recuperarlas con  la aprobación de este proyecto. Esta iniciativa tiene un valor de extrema utilidad para mejorar las herramientas de fomento en la interacción con los municipios, con fuerte impacto y recuperación de hectáreas indispensables para el desarrollo de nuestra provincia” agregó el diputado.

Luego sostuvo que “desde San Juan estamos abocados a perfilar con transparencia y control necesario para completar el acta de reparación histórica. Empleo, inversión y desarrollo, esas son las motivaciones de empujar esta iniciativa y justo ahora que pensamos en la forma de encarar la post pandemia, con herramientas y capacidad de diseño, ejecución y control por parte del gobierno provincial que exhibe responsabilidad en el manejo de la cosa pública”.

“La situación económica y principalmente los costos, dificultaron la tarea de varios emprendimientos que se encuentran  en gran parte intentando ajustar sus obligaciones a los compromisos asumidos. Otros tratan de mantener estructuras mínimas para evitar los decaimientos y es por eso que resulta justo darle la posibilidad de regularizar su situación. Aquellos proyectos decaídos podrán recuperarse si cancelan sus obligaciones impositivas, levantan su gravámenes y disponen de los campos con mejoras para los cultivos. En fin esta moratoria tiene que ver con llevar un poco de justicia al interior de la Argentina" concluyó el legislador sanjuanino.