Historia del Poder Legislativo de San Juan

De sus orígenes a la Carta de Mayo

La Provincia de San Juan alcanzó el carácter de autónoma en 1820 como el resto de las integrantes de la vieja intendencia de Cuyo.

Recordemos que pasada la euforia de la independencia, José Ignacio de la Roza debió enfrentar una oposición cerrada que no deseaba su reelección, un descontento generalizado y las disputas con su cuñado Mariano Mendizábal, porteño, militar y casado con su hermana Juana de la Roza.

En la madrugada del 9 de enero de 1821 se sublevó en San Juan el Batallón N° 1 de Cazadores de los Andes, guarnición integrante del Ejército Libertador que San Martín había decidido acantonar en nuestra provincia. Triunfante el movimiento, Mendizábal asumió el mando  y su preocupación inmediata fue institucionalizar la sublevación, que se realizó el 1° de marzo de 1820 al proclamarse la autonomía con la adhesión entusiasta de la población. Siendo Mariano Mendizábal el primer gobernador de San Juan.

Así quedó constituido el  Poder Ejecutivo provincial, ejercido por un gobernador que reunía en sí las funciones político-administrativas y el mando militar.  

Los restantes poderes del Estado  fueron surgiendo en forma  acompasada. 

Mariano Mendizábal duró muy pocos días como gobernador después de proclamada la autonomía, siendo destituido y reemplazado por don José Ignacio Fernández Maradona, quien fuera nuestro representante ante la Junta en 1810 y actuara junto a Saavedra y el Deán Funes en los primeros pasos organizativos de la Nación. Pero al igual que Mendizábal fue gobernador sólo por unos meses y envuelto en intrigas internas, se apresuró y renunció al cargo. 

Fue sustituido por José Antonio Sánchez. Hombre de la confianza del General San Martín,  dueño de un gran  prestigio entre los ciudadanos, de mediana instrucción aunque hay quienes  hacen mención a algún estudio en leyes. Era chileno de nacimiento,  pero sanjuanino por propia decisión, estaba casado con María Jesús Salinas, prima del Dr. Salvador María del Carril.

A propósito del Dr. Salvador María del Carril, de regreso en su provincia ya graduado y después de una corta experiencia en la administración de Buenos Aires, era miembro del Cabildo de San Juan. El mismo 5 de junio, día de la elección de José Antonio Sánchez como gobernador, pidió del Carril un Cabildo Abierto, es decir, una reunión de vecinos con el  motivo de deliberar sobre asuntos de suma gravedad, de carácter político y administrativo. En efecto se reunió el 6 de junio un crecido número de vecinos en la Sala del Cabildo, esto fue en lo que es hoy calle General Acha e Ignacio de la Roza, vereda Oeste, frente a la Plaza 25 de Mayo.

Damián Hudson, en sus Recuerdos Históricos sobre la Provincia de Cuyo sostiene que es el mismo Dr. Del Carril quien pidió la palabra para exponer los motivos que lo indujeron a promover aquella reunión. Convencido que las grandes dificultades que tenían las autoridades y los muchos males que afectaban al pueblo estaban dados por la falta de establecer claramente las atribuciones y facultades distintas que tiene cada uno de los poderes de un Estado republicano, es decir, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

Dijimos anteriormente que el Poder Ejecutivo había quedado constituido al proclamarse la autonomía, restaba establecer el Poder Legislativo. Para Del Carril, según Hudson, convenía que urgentemente se procediese  por el pueblo allí reunido, por nombramiento directo, a establecer el primero de esos Poderes, bajo la denominación de Junta Representativa, investida del carácter de Constituyente y Legislativa, al mismo tiempo, á fin de que, con preferencia á toda  otra medida, se ocupara de dar una Constitución política a la Provincia…

Si bien el mismo Damián Hudson asevera que fue en esa oportunidad cuando se eligieron los primeros representantes, es el Dr. Horacio Videla quien asegura que fue recién en enero cuando esto sucedió. Opinión con la que coincidimos ya que el borrador de una nota del Cabildo a Hilarión Furque, Alcalde de primer voto, que localizamos en el Archivo General de la Provincia y que hasta el momento no encontramos citado en ningún otro trabajo, con fecha 13 de enero de 1821, confirma que: “Es de urgente necesidad la pronta creación de una Junta de Representantes del Pueblo...”, lo que deja a la vista que hasta esa fecha no se había creado el cuerpo legislativo.

El 16 de enero de ese mismo año, fueron nombrados popularmente los electores de los individuos que debían formar la Junta de Representantes del Pueblo, y citados para las nueve de la mañana del día siguiente. Ese mismo 17 de enero de 1821, los electores procedieron al nombramiento de los representantes y por pluralidad de votos recayó en los señores: don Pedro Carril, don. Francisco Borja de la Roza, don Juan José Cano, don José María Echegaray, don Joaquín Godoy, don Valentín Ruiz y  don José María Moyano. Designación que fue puesta a consideración del Gobernador.

En otras palabras, podemos decir que la primera elección de diputados: se realizó el 17 de enero de 1821, que fue indirecta (a través de electores), fiscalizada por el Cabildo y aprobada por el gobernador. 

 El 21 de enero de 1821, fueron convocados estos flamantes diputados a las cuatro de la tarde de un caluroso verano sanjuanino a la Sala Consistorial del Cabildo para nombrar de entre ellos un Presidente. 

Producido este nombramiento que recayó en la persona de Pedro Carril se dirigieron junto con los miembros del Cabildo y el Gobernador, José Antonio Sánchez, a la Iglesia Mayor, lo que es hoy la Catedral Metropolitana, a prestar su juramento.

Pasadas las cinco de esa misma tarde se produjo la recepción de los miembros de la Junta  de Representantes por parte del vicario, el reverendo padre prior y el cura interino. Todos los útiles necesarios  para dicha ceremonia habían sido dispuestos por el Señor Regidor defensor de menores, don Juan de Echegaray por pedido del mismo Cabildo.

Uno a uno fueron ofreciendo su juramento ante las autoridades allí reunidas de la forma que sigue: “¿Juráis  a Dios, y esta señal de Cruz ser un fiel interprete de la voluntad del Pueblo, que lo ha elegido, defender su tranquilidad, y proteger el libre uso de su libertad, propiedad y seguridad?”. A lo que con voz firme fueron respondiendo por vez los nueve hombres: “Sí, juro”. “Si así lo hicieres Dios le ayudará, los hombres lo bendecirán y sino la execración de todos será su recompensa”, concluía la jaculatoria del compromiso asumido. 

La  ceremonia de juramento y reconocimiento finalizó con la celebración del Te Deum. De esta forma quedó constituido el Poder Legislativo de San Juan en la Junta de Representantes del Pueblo. 

Insistimos en denominarla Junta de Representantes y no Corporación como erróneamente ha sido denominada con anterioridad en numerosas oportunidades, pues desde que fue acordada su creación las fuentes documentales propias y de época se refieren a la Junta de Representantes y cuando  el día previo al juramento de los primeros diputados se acordó su tratamiento protocolar, se estableció que éste sería el de “Honorable  Junta de Representantes del Pueblo”, sin haber mención a las expresiones Sala, Corporación, Legislatura, o Cámara. Hablar de Corporación es un anacronismo porque van a tener que transcurrir al menos un  par de años para que sus integrantes, en forma informal, comiencen a darse el nombre de Corporación. 

Este cuerpo legislativo primigenio había sido conformado con  nueve diputados por la Capital de San Juan y se invitó a la Villa de Jáchal y Valle de Fértil a elegir un representante cada uno. Se completaría así la representación de toda la jurisdicción de la provincia.

Pero, la invitación a elegir representantes por parte de Jáchal y Valle Fértil no hizo eco en aquellos comprovincianos y, preocupados los integrantes de la Junta se indujo al Gobernador para que se enviara una comisión que instruyera a estos pueblos sobre los atributos y funciones del Poder Legislativo y reiterara el pedido de nombramiento. 

Sabemos que aún ocho meses después de instalada la Junta no podía completarse  su estructura representativa. Entendemos que este hecho sucedió debido a lo novedoso de la institución que venía a incluirse en una estructura de estado que poco, y cada vez menos, tenía que ver con el andamiaje colonial que los había amparado por casi tres siglos.

Las atribuciones de la Junta fueron dadas por el Gobernador Antonio Sánchez  en forma conjunta con el Cabildo, y sólo comprendía el conocer y decidir en los negocios extraordinarios de común o general interés en que fueran consultados por otras autoridades, en otras palabras, podemos entender que sólo era un cuerpo consultivo. 

Este mismo interrogante que nos surge 184 años después, invadió también a estos primeros diputados en las semanas iniciales de ejercicio y se advirtió al Ejecutivo que no se daría tratamiento a ningún asunto hasta no fueran especificados sus poderes y facultades ya que existía una notoria contradicción entre el juramento, donde se habían comprometido a ser un fiel interprete de la voluntad del Pueblo, defender su tranquilidad, y proteger el libre uso de su libertad, propiedad y seguridad; y las atribuciones dadas. Después de muchos reclamos se le otorgó el ministerio legislativo y constituyente.

Podemos preguntarnos a esta altura, qué fue del Cabildo, o por qué siguió existiendo una vez creada la Junta. Es cabal decir que, el Muy Ilustre Cabildo de San Juan que era el que hasta el momento había ejercido la potestad legislativa, entre sus otras funciones administrativas, judiciales y  de policía; mantuvo su estructura pero redujo sus atribuciones a la de Junta electoral y a las de un cuerpo municipal. Es decir, es el antecesor de la Municipalidad de la Capital. 

Hasta este momento nos hemos referido a los orígenes del Poder Legislativo desde una mirada retrospectiva sobre su configuración como estructura del Estado, pero bien sabemos que las instituciones están hechas por hombres, de carne y huesos, con sueños, con sangre, frustraciones, desengaños, y además con la decisión de hacer algo. ¿Quiénes eran, pues, estos primeros diputados? Todos provenían de familias con largo arraigo en San Juan, descendientes algunos de los fundadores, se correspondían con el grupo de los comerciantes, tanto de importación y exportación de cargas o ganado, como también minoristas dueños de almacenes y tiendas. Esta actividad lucrativa les permitía comprar tierras lo que hacía que pudieran dominar todo el espectro económico. A su vez, el grupo estaba fuertemente cohesionado por lazos de parentesco: Los Canos estaban vinculados familiarmente con los Echegaray, los Echegaray con los Carril, los Carril con los de la Roza, estos con los Godoy. Ninguno de ellos era un inexperto, todos tenían una dilatada trayectoria en la función pública, todos habían sido integrantes del Cabildo.

Nadie mejor que el primer presidente de la Junta para darnos la impronta de estos representantes. Don Pedro Carril, padre del Dr. Salvador María del Carril, a quien Sarmiento gustaba llamar el ricacho de San Juan, contaba dos generaciones anteriores que habían venido de España a San Juan, agente comercial entre Buenos Aires y Cuyo, se había convertido en cuñado de José Ignacio de la Roza al  casarse con la hermana de éste, Clara de la Roza, tenía una amplia casona a cuadra y media de la Plaza Mayor, poseía una viña a kilómetro y medio del centro, terrenos en Angaco que llegaban hasta el Pié de Palo, heredades en Alto de Sierra y Caucete, ciénagas en Pocito y Carpintería, molino, potreros, una bodeguita y dos solares en la actual calle Tucumán.

En esta primera composición de la Junta no hubieron miembros religiosos que la integraran, pero a medida que el cuerpo legislativo se consolidara, formarán parte y así encontramos para 1825 que un tercio corresponde a religiosos.

Podemos imaginar a esos representantes del pueblo caminar presurosos en las primeras horas de la tarde del lunes, miércoles y viernes; pero especialmente el miércoles, día de sesión. Pero, ¿hacia dónde encaminaban sus pasos? ¿Dónde se reunían?. Después de muchos intentos de pesquisa de cuál ha sido el sitio, que como en la búsqueda del tesoro, siempre se ha estado cerca pero nunca se había hallado. 

Hoy podemos decirles que el sitio de esa primera Casa de los Representantes fue el propio hogar del primer presidente de la Junta, don Pedro Carril. Ubicada a cuadra y media de la Plaza Mayor, en la calle del Cabildo, lo que es hoy calle General Acha entre Laprida y Libertador General San Martín, vereda Oeste. Amplia casona, coronada con altos mojinetes y con paredes de sólido tapial, espaciosos zaguanes y patios, y una larga hilera de cuartos alineados simétricamente.

Amarga suerte ha tenido el Poder Legislativo de San Juan que nunca ha podido contar con una residencia pensada y construida para su propio destino. En las instrucciones dadas antes de asumir se les pedía a los diputados que acordaran la casa y la hora de sus reuniones semanales. Desde ese momento vivió de prestado, deambulando por distintas casa familiares. Desesperadamente numerosas veces  solicitó al Poder Ejecutivo  la casa o la pieza que desde hacía tanto le prometía, llegando el momento de haberse puesto en peligro la continuidad del Cuerpo Legislativo por no tener en donde sesionar, aún más cuando estas sesiones debían ser públicas para que los ciudadanos pudieran concurrir libremente.

Las necesidades eran muchas y los recursos míseros. Decir que no tenían un lugar propio sería redundar en lo dicho, pero a esto se sumaba que la mayor cantidad de veces no tenían siquiera papel para enviar una esquela o el propio Presidente debía pagar de su bolsillo, como dicen los documentos, el gasto del alumbrado de la Sala y todos los otros que continuamente se ofrecían.

A pesar de estas condiciones, también  se pretendía esbozar - dentro de la escasez - la dignidad que la Junta merecía tener. Así se la dotó de un secretario, un escribiente, un edecán y maestranza; y hasta se mandó comprar siete varas de paño azul  para cubiertas de las mesas de la Honorable Junta.

Cada diputado duraba tres meses en sus funciones y por sorteo se fueron renovando por tercios en ese primer año de vida. Pero al llegar enero de 1822, el primer período de la Junta llegaba a su fin y era necesaria una votación. Se renovaron al mismo tiempo los miembros del Cabildo. Producida la elección los electos de uno y otro cuerpo renunciaron. El gobernador Sánchez intervino y fue destituido por haber abusado de sus atribuciones. 

Al momento asumió quien era el Jefe de Armas, don José María Pérez de Urdininea. En ocasiones este gobernador delegó temporariamente el mando en quien era su ministro, el Dr. Salvador María del Carril, lo que le dio la oportunidad de comenzar una serie de medidas de gran impresión en San Juan. A la renuncia de Urdininea, y habiéndose cambiado el procedimiento de elección de gobernador permitiéndose elegir a todo hombre mayor de 21 años natural o avecinado en San Juan, fue electo Del Carril sin haber cumplido 25 años, como el primer gobernador electo por sufragio universal.

Había nacido en San Juan el 10 de agosto de 1898, hijo de una da las familias más acaudaladas de la provincia, graduado en la Universidad de Córdoba había sido discípulo del Deán Funes. Fascinado por el ideario de Rivadavia, traslucía en sus modales elegantes y altaneros la cultura de su época. Había sido administrador de la Aduana, miembro del Cabildo y secretario de Gobierno

Quiso que San Juan tomara el vuelo que merecía, que la capital dejara de ser un villorrio, austera pero demasiada estancada para un espíritu bullente de ideas progresistas como el suyo. Abrió nuevas calles, procuró a la calle ancha del Este, hoy Avenida Rawson, un paseo con naranjos, que aún existen. Hijo de terratenientes conocía los problemas de la agricultura, por lo que se dedicó a obras de regadío e instrucción para evitar la salinización de los campos, etc. Ansiaba la publicidad escrita de su obra, pero sin imprenta no hay impresos, atrajo a la Junta de Representante a tal fin y logró se lo autorizara a comprar la primera imprenta con que contó la provincia, paso seguido creó el Registro Oficial, lo que es hoy el Boletín Oficial

Cada vez los proyectos que enviaba a la Junta de Representantes eran más y más complejos, interpretaba que San Juan necesitaba completar su estructura de Estado, faltaba todavía un Poder Judicial que nació como Suprema Cámara de Justicia en 1824 y al poco creó el Ministerio de gobierno de la provincia.

Ya por  propia decisión, ya por influencia del mismo Salvador María del Carril, San Juan había logrado una organización republicana. Pero, qué había de la estructura suprema que debía regir. Era el momento de procurarse la Ley Fundamental. Bien le cabía esa responsabilidad a la Junta de Representantes que tenía facultades legislativas y también constituyentes. 

El 6 de junio de 1825 la Junta de Representantes recibió del Poder Ejecutivo para su tratamiento el proyecto de constitución “Carta de Mayo” y de inmediato se comenzó el debate, con la asistencia a las sesiones de Rudecindo Rojo, ministro de Del Carril. Cinco días después fue votado el proyecto y aprobado en general, sin observaciones. En las sesiones del  12 al 17 de junio, fueron aprobándose hasta el artículo 13 inclusive. Los artículos que seguían establecían la religión católica como dominante pero consentían que pudieran profesarse otros credos sin ser molestados.

La agitación aumentaba. Todavía dolía la reforma eclesiástica impuesta por del Carril dos años antes por la que se suprimieron los conventos de Santo Domingo, San Agustín    y de los mercedarios y sus bienes pasados a bien público.

La inasistencia a las sesiones, la recolección de firmas, el pedido de votación popular perseguía dar por tierra con el proyecto frente a una oposición legislativa disminuida en número. En contestación aparece El Defensor de la Carta de Mayo, primer periódico de San Juan, cuyos columnistas eran el propio Del Carril y Rudecindo Rojo.

Recién el 1° de julio se consigue quórum para sesionar, con doce diputados presentes y ocho ausentes. Cinco días después se dio por terminado el tratamiento y el 13 de julio fue sancionada, que con el cúmplase de del Carril fue promulgada el 15 de julio de 1825, la Carta de Mayo.

El descontento flotaba en el aire y tomó forma de motín en la madrugada del 26 de julio, cuando el grupo conservador, pro clerical, también llamado “pelucón”, se apoderó del Cuartel de San Clemente, liberaron a los presos para engrosar sus filas y encarcelaron al gobernador que se hallaba durmiendo en su domicilio. 

Bajo un continuo tiroteo, los amotinados mandaron quemar todos los ejemplares de la Carta de Mayo en la Plaza Pública, se cerraron los cafés y teatros por ser lugares de discusión, se disolvió la Junta de Representantes y se enarboló nuevamente la bandera española como en tiempos de la colonia.

Habiendo asumido Pacido Fernández Maradona como gobernador, Del Carril se refugia en Mendoza, donde pide ayuda para poder recuperar la gobernación.

Dispuesta la intervención armada, el 7 de septiembre las fuerzas reformistas al mando de los hermanos Aldao de Mendoza estaban en Cañada Honda, y dos días después esperan a los “pelucones” pro católicos en La Rinconada, en Pocito.

El enfrentamiento se produjo sobre el mediodía del 9 de septiembre en el paraje conocido como Las Leñas, el jefe de los pelucones paso al ejército contrario, debiendo asumir el mando de tropas el cura Manuel Astorga, pero aunque lo hizo con gallardía ante las primeras escaramuzas sus seguidores escaparon rápidamente del campo de batalla. 

Esa misma tarde del triunfo, reasumió Salvador María del Carril. Tres días después  se reúne la Junta de Representantes en sesión extraordinaria, donde se lee un mensaje enviado por Del Carril que tiene carácter de despedida, pues contiene la renuncia al cargo de gobernador. 

Se retiraba porque las medidas que debía tomar iban a ser interpretadas como vengativas, pero aconsejaba al gobierno para su bien cortar la cabeza a los fanatismos.

Así, la Junta de Representantes en contados cuatro años había sido creada como Poder Legislativo del Estado y había dado a la provincia la Carta de Mayo que -tenida por constitución en su época- trascendió las disputas y conflictos motivantes por la solidez de los principios que contempló en cuanto a los derechos del hombre y del ciudadano.