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Actualizado al 21/09/2020

Prensa y Difusión

Aprobaron ampliación del presupuesto y reestructuración de la deuda

Aprobaron ampliación del presupuesto y reestructuración de la deuda Fotos: Mario Contreras- Facundo Ribeyrolles

Tras un extenso debate los diputados nacionales aprobaron, entre otros proyectos, la propuesta de ampliación del presupuesto general para la administración nacional del ejercicio 2020 y la reestructuración de la deuda pública.

La sesión comenzó a las 14.21 y fue desarrollada bajo modalidad mixta (presencial y virtual). Estuvo presidida por el presidente del cuerpo legislativo, Sergio Massa.

Cabe señalar que los diputados nacionales por San Juan, Walberto Allende y Francisco Guevara, participaron una vez más en forma remota desde la Sala de Vicegobernadores de la Cámara de Diputados de San Juan,

Ampliación del presupuesto

En primer lugar, la Cámara Baja aprobó con  228 votos positivos, 9 negativos y 16 abstenciones y giró al senado, la ampliación del presupuesto 2020.

La iniciativa estima un aumento de gastos por 1.859.583 millones de pesos, equivalente al 6,5% del PBI. De este monto, el 80% se origina principalmente en las prestaciones de la seguridad social; subsidios económicos (energéticos y de transporte); los programas IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y ATP (Asistencia a la Producción y el Trabajo); asignaciones familiares; gastos de capital; desarrollo social; políticas ambientales y de apoyo al empleo; educación y salud.

La propuesta original tuvo modificaciones que fueron aprobadas como la eliminación de la suba del 10,5% del IVA para la leche común, como así también la rebaja del 21% del IVA al 10,5% para las leches aditivadas.

Otro de los cambios fue la incorporación de 10.500 millones de pesos para el Fondo de Compensación de Transporte Público Automotor urbano y suburbano de pasajeros. Los recursos serán transferidos a las provincias y municipios según lo determine el Ministerio de Transporte en la reglamentación.

Una cuestión que el oficialismo no aceptó eliminar fueron los artículos 7 y 8, referidos a la posibilidad de que tenedores puedan dolarizar deuda en pesos. En la votación en particular, el artículo 7 fue aprobado con 129 votos afirmativos, 125 negativos y 0 abstenciones; y el 8, con 129 afirmativos, 123 negativos y 0 abstenciones.

Sobre esta cuestión, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, explicó y defendió, al comienzo del debate, el artículo 7.  En la ocasión sostuvo que sostuvo que “la estrategia consiste en hacer licitaciones programadas para que titulares de bonos en pesos puedan suscribir instrumentos en moneda extranjera” y “es una operación abierta para todos los propietarios de títulos en pesos”.

Asimismo el diputado señaló que “consiste en una subasta por un monto fijo que es por 1.500 millones de dólares. Los que entrarían en este canje recibirían un bono en dólares que comenzaría a vencer en 2025, el más corto; y el más largo sería del 2028 al 2037”.

Luego destacó que “en los primeros cinco años nadie cobraría absolutamente nada” y seguidamente expresó “creemos que se trata de una buena medida, que ayuda, aunque parezca una contradicción, al objetivo de ordenar la deuda y eso está más claro hoy en el ámbito del acuerdo que se ha llegado con los acreedores externos”.

Palabras diputado Walberto Allende

Durante el tratamiento del primer asunto, el diputado nacional por San Juan, Walberto Allende, sostuvo que “la propia política económica debe responder al bien común. El Estado y la actividad privada deben contribuir a crear las condiciones necesarias para que una comunidad y cada una de las partes puedan desarrollarse en orden, con la garantía para el ejercicio de los derechos, la responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones, la prosperidad que se afiance en el bienestar general y más aún en las circunstancias actuales. La razón de ser del presupuestos hace a la esencia del Estado que debe garantizar el bien común, y en tal sentido asegurar lo jurídicamente necesario para la convivencia en un clima de cooperación social”.

Más tarde, enumeró importantes obras que se están llevando a cabo en la provincia de San Juan gracias a su ordenamiento financiero y económico, que además le ha permitido continuar con políticas que tienen que ver con cuidar el empleo. Entre las obras destacó “la Ruta Nacional nº40, norte –sur, esta es la ruta que une a la provincia de San Juan con la provincia de Mendoza, la construcción de un nuevo servicio penitenciario federal, obras cloacales en Ullum, Zonda, Chimbas, Rawson, Albardón, Santa Lucía, Valle Fértil, Caucete, Rivadavia; el acueducto Gran Tulum que va garantizar el suministro de agua potable a más del 65% de los habitantes de San Juan”.  Y sobre cada una de ellas afirmó que “todo esto estará garantizado con la ampliación de presupuesto 2020 que nos deja una buena base para el próximo presupuesto 2021”.

Reestructuración de la deuda

A continuación, el cuerpo legislativo convirtió en ley, con 247 votos afirmativos, 2 negativos y 1 abstención, el proyecto sobre la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública instrumentada en títulos públicos denominados en dólares estadounidenses emitidos bajo ley local, mediante una operación de canje.

La normativa establece que los tenedores de Títulos Elegibles que no adhieran a la invitación a canjear, continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre de 2021. Una vez liquidada la operación aprobada por el artículo 1º, los tenedores de estos Títulos Elegibles que a esa fecha no hubieran adherido, podrán canjearlos en los términos de la presente ley mediante notificación dirigida a la Autoridad de Aplicación (Ministerio de Economía). En estos casos, solo se reconocerán los intereses devengados hasta la fecha de entrada en vigencia del decreto 346/20, mediante la entrega de los nuevos Títulos, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el Anexo II de la presente ley.

“Este proyecto, en síntesis, lo que hace es darle el mismo tratamiento, los mismos derechos, a los tenedores de bonos en dólares emitidos bajo legislación argentina”, explicó el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Seguidamente el diputado Heller agregó que “el perfil actual de la deuda, tal cual está estructurada, tiene intereses por un promedio del 7,58%; y en la propuesta que estamos considerando quedaría en 2,39%. La vida promedio de la deuda en dólares es de cinco años y se duplicaría, pasaría a ser de diez años, mientras que los pagos que la Argentina tendría que hacer hoy serían 32.400 millones de pesos entre el 2020 y 2024, y ese número se vería reducido a 2.152 millones.

El legislador resaltó que, con este canje más la oferta a los tenedores extranjeros, “entre 2020 y 2029, se alcanzaría en conjunto un alivio financiero de 58 mil millones de dólares”.

Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas

Luego, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la ley de creación de un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, iniciativa que obtuvo 235 votos afirmativos, 0 negativos y dos abstenciones.

Esta entidad tendrá una composición con una duración de cinco años y funcionará en el ámbito de la Presidencia de la Nación. Estará integrada por el propio jefe de Estado; el canciller; el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur; el gobernador de Tierra del Fuego; un diputado y un senador por cada una de las tres fuerzas con mayor representación parlamentaria; dos especialistas en derecho internacional; tres representantes del sector académico y científico; y un excombatiente de Malvinas.

Cumplirá con el objetivo de generar los consensos políticos y sociales necesarios para diseñar e implementar políticas de Estado que tengan por objeto efectivizar el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas, como así también colaborar en la elaboración del sustento de la posición argentina en la disputa de soberanía en sus aspectos geográficos, ambientales, históricos, jurídicos y políticos.

Además, el Consejo planificará actividades de docencia e investigación que aporten conocimiento al pueblo argentino sobre la justicia del reclamo del ejercicio pleno de la soberanía, como así también impulsará estrategias que aporten al reconocimiento permanente de los excombatientes de Malvinas y caídos en combate y de sus familiares.

 Límite de la Plataforma Continental Argentina

Por otro lado, el cuerpo legislativo nacional aprobó con 238 votos afirmativos, 0 negativos y dos abstenciones, el proyecto de ley que propone la incorporación del siguiente texto como segundo párrafo del artículo 6º de la ley 23.968 sobre los espacios marítimos:

“Demarcase el límite exterior de la Plataforma Continental Argentina, continental e insular, de acuerdo con los puntos de coordenadas geográficas consignados en el anexo III de la presente”.

El objetivo es proteger los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo del mar argentino, y establece demarcar el límite exterior de la plataforma continental más allá de las 200 millas. La norma apunta a incrementar la seguridad jurídica para el otorgamiento de concesiones que tengan como finalidad la exploración y explotación de hidrocarburos, minerales y especies sedentarias.

Cabe señalar que la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina es el resultado del trabajo desarrollado durante varios gobiernos por la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), que permitió que la Argentina realice ante la ONU la presentación completa.

Modificación de la Ley 26.061

Además, el cuerpo legislativo otorgó media sanción por unanimidad a un proyecto consensuado que propone modificar el artículo 44 la Ley 26.061, sobre las funciones de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, de modo que pueda implementar una línea telefónica nacional, gratuita y de fácil acceso y una aplicación para teléfonos celulares, con el fin de brindar contención y orientación para niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa establece que este organismo podrá “crear interfaces de tecnologías y plataformas digitales gratuitas y de fácil acceso destinadas a brindar información y asesoramiento en materia de violencia, maltrato, abuso y otras vulneraciones de derechos contra niñas, niños y adolescentes, y que promuevan su participación”.

Además, tendrá la facultad de “establecer las directrices para la compilación y el tratamiento de la información producida por las interfaces de tecnología y por las líneas telefónicas de atención para niños, niñas y adolescentes dependientes de los distintos órganos administrativos de las diversas jurisdicciones”.

Asimismo, la Secretaría de Niñez deberá “generar campañas de difusión masiva” de esas nuevas vías de comunicación.

Asistencia estatal a los jardines de primera infancia

Por último, los legisladores aprobaron un proyecto que solicita facilitar el acceso de los jardines de primera infancia a los programas de asistencia para sus trabajadores, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.

La titular de la Comisión de Educación, Blanca Osuna, es una de las autoras del proyecto y en la ocasión explicó que el mismo pretende reconocer a los jardines de primera instancia, los cuales “son las instituciones de cuidado que tienen normas que las rigen y son lugares donde muchísimos argentinos y argentinas dejan a sus niñas y niños a resguardo en sus tiempos de labor”.

La diputada señaló que la crisis generada por la pandemia ha producido el cierre de estas instituciones y los trabajadores que se desempeñan en las mismas tienen en riesgo sus trabajos. “En muchos casos, estas instituciones tienen a sus trabajadores en una situación irregular, por lo cual hay dificultades para que accedan a programas de asistencia del tipo ATP”.  

 

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